Un juez prohibió a un abogado santafesino contactar y acercarse a dos fiscales de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fuera del ámbito laboral.
La medida fue impuesta por el juez Pablo Busaniche, entre otras, tras un acuerdo de partes.
Un juez prohibió a un abogado santafesino contactar y acercarse a dos fiscales de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fuera del ámbito laboral.
Esta es una de las medidas impuestas al letrado este martes por la tarde, en el marco de la causa penal en la que está imputado por "incumplimiento del mandato judicial", "intimidación pública e incitación a la violencia colectiva" e "incumplimiento de deberes procesales".
A cargo de la investigación está el Coordinador de Unidades Fiscales, Jorge Nessier, quien este martes comunicó al juez Pablo Busaniche el acuerdo al que arribó con el defensor público Mario Guedes (representante del abogado cuestionado).
Así, según lo convenido entre las partes, el magistrado le impuso la prohibición de contacto y acercamiento a menos de 200 metros respecto de las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti. Esto por fuera del ámbito laboral, por lo que podrán seguir cruzándose en tribunales.
Las otras medidas son la fijación de domicilio, el presentarse una vez al mes ante el MPA, la prohibición de portar armas de fuego y la presentación de una fianza personal.
La investigación en contra del letrado, cuyo nombre debe ser omitido por disposición del juez, inició bajo la carátula de "desobediencia de mandato judicial". Este fue el primer delito que se le atribuyó, por incumplir con una medida de distancia impuesta en una causa de otro fuero.
Las fiscales Del Río Ayala y Minniti habían realizado una presentación ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº1, tramitada por la abogada Carolina Walker, debido a que el abogado había realizado una serie de publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas que consideraban agresivas y difamatorias.
Por esto, el juez Esteban Masino lo intimó a que "inmediatamente cese, elimine las existentes y se abstenga en el futuro de efectuar menciones difamatorias, calumniosas e injuriantes y hostigamiento público, mediático y en redes sociales contra las fiscales" y prohibió acercarse a las funcionarias.
Este incumplimiento dio origen a la causa penal, a la que luego se sumaron otros delitos.