Senadores, torres, fiscales y alfiles

Durante 2020, en el bloque del peronismo del Senado se mantenían las apariencias. Se repetía: "hay que pensar todo con mucha serenidad, no dar un paso sin revisar". Se esperaba un error de los otros.

Luego de la ruptura y la formación del bloque Lealtad esos cuidados desaparecieron.

En la tensa sesión del jueves 25 febrero, nadie en la mayoría compuesta por radicales y justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino (NES), que domina la Cámara, recordó el tablero de ajedrez que estuvo en sus cabezas durante tanto tiempo.

Tener los votos no es suficiente. También se deben estudiar los efectos y las piezas que mueven otros. En especial, la opinión pública.

Seguramente, la reunión de los jefes de los bloques cargada de gritos (anterior a la sesión) no fue el mejor ámbito para reflexionar.

Movidas frontales

Las dos resoluciones votadas para que el Senado intervenga en una causa judicial, mediante una comunicación directa a un juez al que se le "hace saber" del contenido de las leyes y la Constitución, por una parte, y para la creación de comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del Ministerio Público de la Acusación, por otra, se inscriben en el campo de los errores no forzados de un tenista, no de un ajedrecista.

En rigor, el segundo punto arrastró (en la agenda pública) a ese extremo al primero.

Antes de ingresar al recinto se discutió y mucho si el Senado puede o no "meterse en un juicio" como dijo un senador que se opuso desde su banca. La mayoría entendió que estaba en juego la potestad de la Cámara sobre los fueros que le reserva la Constitución y que valía la pena mover una torre. Con la comisión sobre el MPA, en cambio, casi no hubo una revisión previa y se movió la otra, sin mirar las figuras sobre el piso de damero.

Sin querer

El tablero no era favorable para la Casa Gris: vacunas VIP en Santa Fe que aparecen en distintos puntos de la provincia en cuanto se hacen un par de preguntas, ausencia de información verificable sobre vacunados pese al reclamo de la prensa y de la oposición legislativa, un notable atraso de Santa Fe respecto de la mayoría de las provincias (la foto de "La Mona" Giménez vacunándose en Córdoba, como cualquier otro ciudadano mayor de 70, es del 23 de febrero) y la ministra de Salud que admite, porque un periodista de LT10 le pregunta, que a Santa Fe la Nación le envía menos vacunas de las que le corresponden por su población. ¿Otras jurisdicciones reciben de más? Los santafesinos se enteran dos meses después.

A ese panorama se suman las clases de sociología del ministro de Seguridad para explicar los números de homicidios y robos. Pero de lo que no ha dicho nada es del escándalo de una licitación de su Ministerio que, por primera vez en la historia santafesina, es suspendida por la Justicia además de una repartición del ministerio de Economía que va en la misma dirección del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo: se debe corregir un pliego sospechoso de estar direccionado a un oferente para la compra de armas por $ 1.400 millones, ninguna obra tiene ese presupuesto. Es curioso: la compra de 12 mil pistolas automáticas se ató otras 270 armas largas.

Las dos resoluciones del Senado le permitieron al Ejecutivo sumar sus críticas a la Cámara. Ya se habían expedido los magistrados de Rosario y los fiscales de toda la provincia. También los diputados del Frente Progresista aclararon que nada tenían que ver con la Comisión.

Saltos ecuestres

Es verdad que el plazo de tres días para responder que el juez Carlos Rubén Leiva le otorgó al senador Traferri puede haber acelerado las cosas. Tal vez, una declaración con el mismo contenido, que recuerde lo que dicta la Constitución con copia para quien corresponda pudo haber sido suficiente. Hubiera sido más fácil de explicarlo.

Por otra parte, no había urgencias para aprobar la comisión sobre el MPA. Ahora, pese a la presión por dar por superado el asunto, acaso tampoco las haya para reformarla y quitarle todo lo que de invasor a otro poder contiene su artículo 6to: ahí está el raquetazo a la red. El Senado rozó a otro poder.

Por los vértices

¿Con qué fundamento legal puede el fiscal general calificar de "intempestivo" un procedimiento, tan legal como habitual, como es una aprobación sobre tablas? La suya fue una definición política: en conferencia de prensa Jorge Baclini reclamó que antes de aprobar una comisión que involucre al MPA se lo consulte. Y parece que así será.

A la luz de los hechos, si se limpian las invasivas atribuciones de la Comisión creada ¿no es acaso necesaria una evaluación sobre el MPA?

Es reprobable la creación de la comisión tan inmediata al debate sobre Traferri y sus fueros. Mucho antes hubo serios indicios de un funcionamiento preocupante del cuerpo de fiscales.

Un repaso rápido: Baclini es el número uno del MPA y el ex número dos, el otrora fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, está preso por coimas.

Desde diciembre de 2019 hasta la fecha han ingresado a la Legislatura 257 expedientes con faltas cometidas por fiscales, enviados por la Auditoría interna del MPA. De ellos solo 8 vinieron con su consideración de que se trata de faltas graves que pueden terminar en un proceso de remoción. Sin embargo, en ese cúmulo de asuntos hay casos en los que la auditoría todavía puede estar colectando más información o que –en efecto- califique esas faltas de leves.

La Comisión de Acuerdos puede tomar cualquiera de esos casos. Ha sido extremadamente prudente: hasta ahora lo ha hecho con 6 casos.

Pero se leen todos: desde aquel fiscal que realizó escuchas ilegales a su ex pareja hasta los que presuntamente cobraron coimas a un empresario del juego, pasando por otro que quiso espiarle sin orden judicial el celular a quien, en ese momento, solo se le imputaba una falta: no obedecer la cuarentena.

¿Qué procesos de revisión interna han tenido lugar para quienes encarcelaron a un bioquímico de la ciudad de Santa Fe, por diez días, lo incomunicaron por 48 horas y lo mezclaron con presos comunes, además de incautarle bienes para su trabajo? Su pesadilla terminó cuando uno de los acusados en calidad de arrepentido no lo señaló en una rueda de reconocimiento. ¿No debió ser ese el primer paso?

Hay responsables de que de la escena del crimen de Oldani desaparezca una enorme cantidad de dinero. Es conocida la investigación de otras fiscales que luego tomaron el caso y advirtieron esas irregularidades y otras. ¿Las consecuencias?

En el Senado nadie olvida que fue el fiscal general quien le aceptó una licencia sin goce de sueldo a Marcelo Sain para que mantenga su cargo en el MPA al asumir como ministro de Seguridad.

Cuestiones cortesanas

Los peones son carne de cañón. Detrás de ellos van aquellos capaces de todas las proezas en ataques y defensas, desde la sutileza de los alfiles a las acometidas al choque de las torres.

Un furcio del fiscal general Jorge Baclini es revelador. Dijo que está pendiente de un fallo de "la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y se corrigió de inmediato "de la Provincia" el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la legislación con la que, en 2017, la Legislatura santafesina recuperó la facultad de sancionar o remover a fiscales (el MPA se controlaba a sí mismo).

Parece que el fallo está cercano y que de ser necesario el tema no se agotará en Santa Fe. Que ya se piensa en la Corte Nacional.