La Cámara de Diputados conformó en comisiones una mayoría para unificar cuatro proyectos y votar una ley para regular la prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros en jurisdicción de la provincia con el voto de las bancadas que conforman el Frente Progresista más las justicialistas. En cambio, Cambiemos se abstuvo y tanto el Frente Social y Popular como Igualdad y Participación votaron en rechazo del proyecto. La vigente ley fue dictada en 1934 y tuvo algunas pocas adecuaciones por lo que desde todos los sectores se ponderó la necesidad de actualizar la norma.
Hace dos años en comisiones, Diputados viene discutiendo los alcances del tema en base de cuatro proyectos: del justicialista Julio Eggimann; del ex diputado macrista Roy López Molina; mensaje del Poder Ejecutivo y una media sanción del Senado en una iniciativa del Rubén Pirola (PJ - Las Colonias).
“Buscamos un texto que tenga fluidez y ductilidad para distintas situaciones. Buscamos una cabal respuesta al servicio público que cruza a toda la provincia para una mayor integración, que llegue a todos, que sea sustentable y con control del Estado” explicó la socialista Clara García, vocera del oficialismo. Destacó los cambios como otorgar concesiones en lugar de permisos precarios como hoy funciona el sistema; dar certezas al empresario para invertir así como trabajar en áreas metropolitanas, con nuevos sistemas que se fueron sumando en los últimos años y sumar tecnología. Destacó que durante el paso en comisiones se optó por propiciar la licitación por corredores para buscar la integración; conformar un Consejo Provincial entre usuarios, empresas, legisladores, sistema universitario y el Estado; monitorear tarifas por medio del sistema universitario; comprender los servicios a demanda y los gratuitos e incluso avanzar en las características que deberán tener las estaciones terminales en cada zona de la provincia. “Apuntamos a mejorar un servicio público que nos atraviesa a todos, que sea íntegro y transparente” remató García.
Luego fue Eggimann quien destacó la tarea realizada en distintos ámbitos para conocer la opinión de las regiones sobre lo que debería contener una norma de este tipo. “Las leyes actuales son obsoletas y la tragedia de Monticas dejó a las claras la necesidad de actualizar la norma con exigencias al sector empresarial y con controles del Estado” señaló para mencionar que contempla además un régimen de penalización para los incumplimientos. “En Santa Fe debe haber un antes y un después del choque entre dos micros de Monticas en la ruta 33” en alusión al accidente del 24 de febrero de 2017.
El radical Santiago Mascheroni subrayó “la necesidad de un marco normativo que supere la precariedad de más de medio siglo” pero también exigió evitar las asimetrías que hoy tienen los subsidios para el sector demostrando que hay mayor aporte estatal a las líneas del sur que a las del centro norte santafesino. Otro radical, Fabián Palo Oliver, habló de la ley posible para refutar las objeciones que surgieron desde las bancadas de izquierda y la justicialista Silvia Simoncini dio el respaldo con el voto contrario de un artículo, el 43 que regula los permisos y concesiones vigentes. La redacción votada dice que “los permisos, concesiones y demás títulos jurídicos habilitantes vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley deberán otorgarse a sus actuales titulares por el término de siete años, siempre que en el término de doce meses, a computarse desde la entrada en vigencia del presente régimen, se ajusten a las especificaciones previstas en esta Ley y su decreto reglamentario. A tal efecto, deberá superar las auditorías técnicas (que comprende: estado de las unidades, servicio de mantenimiento y limpieza, predio -taller, pañol, oficinas, gomería y lavadero-, higiene y seguridad); financieras y económicas que en cada caso establezca la autoridad de aplicación.
Al momento de fundamentar el voto negativo, Del Frade dijo no coincidir con el espíritu de la ley que es darle rentabilidad a los empresarios así como haber relegado el papel de los usuarios en el control. En cambio, Giustiniani cuestionó la falta de un órgano de control para el sistema y no contemplar la realización de audiencias públicas a la hora de discutirse tarifas. Pero además afirmó que la ley lo que hace es garantizar a los actuales prestadores del servicio doce años de concesión. Palo Oliver y el socialista Rubén Galassi fueron los encargados de refutar los argumentos de las bancadas de izquierda que no obstante votaron en contra.
Catorce capítulos y un anexo con el régimen sanciones contiene el texto votado y girado al Senado. La primera parte está destinada a las disposiciones generales del sistema de transporte dividido entre regular y los a demanda (escolares, remisses, pre y post aéreos, entre otros). El segundo apunta a legislar sobre las concesiones de servicios regulares y otro sobre las obligaciones de los titulares de dichos servicios así como los de a demanda. Un capítulo establece el régimen de penalidades, la suspensión de servicios y caducidad de licencias. Usuarios y tarifas tienen sus partes en la norma así como el sistema de franquicias donde se engloban las vigentes hasta hoy.
El proyecto votado habilita los entes de áreas metropolitanas para el servicios y otro sobre las estaciones terminales. Así se establece que en localidades de más de 15.000 habitantes deberán brindar servicios de confort y comodidades de acceso y conectividad, entre las cuales se deben encontrar instalaciones sanitarias para ambos sexos y personas con discapacidad, sala de espera climatizada y con conectividad wifi, asientos de espera en cantidad suficiente así como brindar información sobre horarios y frecuencias de los servicios de transporte público de pasajeros.
El demoprogresista Gabriel Real pidió y obtuvo un tratamiento preferencial para el jueves venidero de un proyecto de ley que pretende habilitar a municipios y comunas que utilicen en el presente ejercicio hasta el 100% de los fondos destinados por el Presupuesto General de la provincia a gastos corrientes. “Presenté el proyecto en septiembre del año pasado y hoy es angustiante la situación de municipios y comunas. Debemos darle herramientas para que puedan pagar salarios y mantener la paz en cada localidad”, señaló el legislador.
El Senado que tenía el tema en agenda para esta semana resolvió no realizar la sesión semanal. Real asegura que logrará los votos para darle media sanción a su proyecto del próximo jueves.