La comisión de transición designada por el gobernador electo, Omar Perotti, aguarda la documentación solicitada en la reunión realizada diez días atrás con el ministro de Gobierno, Pablo Farías. No se habló durante el encuentro del plazo de la respuesta, que se supone llegará dentro de este mes. Los feriados de inicios de semana y el receso invernal pueden aletargar los informes. En las seis carillas sobresalen requerimientos sobre las cuentas fiscales y la marcha del programa de obras públicas, más allá de otras cuestiones que refieren a la relación con el Poder Judicial y las designaciones pendientes, muchas en manos de concursos en el Consejo de la Magistratura.
Por ahora, y mientras esperan la información oficial, allegados a Perotti ven con preocupación el déficit -más de 6 mil millones a mayo- y advierten que a diciembre puede triplicarse. El gasto crece al ritmo inflacionario y los ingresos en ritmo de la recesión económica, lo que no hace más que agrandar la brecha. Salarios y pasividades resguardadas con la cláusula gatillo, gastos corrientes como combustibles o alimentos, también atados a la suba inflacionaria y los recursos -tanto federales como propios- impactados por la recesión. La clave sobre el número de cierre del ejercicio será la disposición que adopte la gestión de Miguel Lifschitz en lo referido a obra pública licitada durante la etapa final de la campaña electoral y muchas veces sin los recursos previstos o incluso, como la pavimentación de rutas para el norte, atadas al financiamiento que logren las propias empresas constructoras. Hay obras en marcha con recursos externos como la extensión de acueductos, hay obras con fondos presupuestarios y muchas con recursos que dependen de los ingresos de las arcas provinciales. El ítem obra pública es una de las principales respuestas esperadas y la mirada política se posa sobre la actitud que defina Lifschitz. Es en este aspecto donde dirigentes justicialistas recuerdan que Jorge Obeid paralizó obras a pedido del electo Hermes Binner allá por septiembre de 2007 cuando se inició aquella transición.
A la hora de números también hay requerimientos del comportamiento del Iapos y de las dos empresas en manos del Estado, EPE y Assa. Sobre la obra social hay preocupación por el rojo que se viene repitiendo y por los decretos del Poder Ejecutivo sobre fin de año para tapar los baches fiscales. Es más, algunos técnicos justicialistas tienen reparos legales sobre esas decisiones que no fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas.
El proyecto de Presupuesto 2020 quedará en manos de la futura gestión y existe pleno acuerdo en la comisión de transición en esperar el resultado electoral nacional y los lineamientos generales que fije la administración que asuma el 10 de diciembre para su elaboración. No será ajeno a ello el diagrama de gobierno que adopte Perotti, que hará cambios a la vigente ley de Ministerios. Uno de los recortes simbólicos que mostrará será la reducción de los 1.200 cargos políticos vigentes hoy. Al lado del rafaelino no se dan detalles del organigrama futuro, más allá de los muchos nombres de posibles ministeriables que se repiten en ámbitos de la política. Todo demasiado prematuro aún. En el último punto del planteo justicialista al gobierno está el requerimiento de que cumplan con la ley de Responsabilidad Fiscal en lo atinente a las transiciones. La provincia de Santa Fe fue adhiriendo a la norma provincial y las sucesivas correcciones.
Perotti mantiene silencio sobre el futuro gabinete y establece periódicos contactos con expertos en materia de seguridad y con personal de la propia fuerza policial. Prometió devolver el orden en esa materia y sabe que uno de los principales desafíos es producir cambios en esa área para devolverle la tranquilidad al vecino. Las medidas administrativas están definidas, faltan las operativas. Hizo el compromiso y sabe que gran parte de su gestión será evaluada por la seguridad.