Empresarios a la Corte contra los municipios

El Litoral / [email protected] / Télam

El Foro de Convergencia Empresarial solicitó a la Corte Suprema de la Nación que “rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas”, ante la próxima decisión que el tribunal tomará en el conflicto entre la compañía Esso Petrolera Argentina y la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa de seguridad e higiene.

La resolución del máximo tribunal de justicia en el caso será “de crucial importancia para la economía argentina, ya que lo que se discute es la desmedida e inconstitucional carga tributaria que aplican los municipios en la mayoría de las jurisdicciones del país a los emprendimientos industriales, comerciales y de servicios”, planteó el foro empresario.

El Foro que reúne a las principales cámaras y federaciones empresariales, así como organizaciones profesionales, se pronunció sobre la demanda promovida en 2017 por Esso Petrolera Argentina SRL contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por “seguridad e higiene”, que llegó a la Corte luego de ser desestimada por la máxima instancia de la Justicia provincial.

La Corte realizó a comienzos de junio una audiencia pública en la que escuchó los argumentos de las partes, intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias, asociaciones civiles y “amigos del tribunal”, a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales.

Ante la expectativa de que en pocos días la Corte Suprema se expida en el caso, el Foro de Convergencia Empresarial solicitó “respetuosamente” al tribunal “que tenga en cuenta lo dispuesto por la Constitución y las normas sobre coparticipación de impuestos y rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas”.

El Foro recordó que desde 2014 viene reclamando sobre la necesidad de una “fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía” como una de las “políticas de Estado que promuevan la inversión para aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social”.

De la reunión de junio participaron representantes de 40 municipios bonaerenses y el ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín De la Torre, quien recalcó que la decisión que tome la Corte “tendrá un fuerte impacto” en las finanzas municipales y del Estado bonaerense, y teniendo en cuenta el nivel de pobreza de sus habitantes “sobre los que más necesitan”.

En esa instancia, la abogada de la petrolera -hoy Axion- planteó que la tasa tiene que ser un tributo “vinculado” al servicio, pero “no hay una estricta proporción” en la imposición. Dijo que el problema “debe ser resuelto en el Congreso” y “no vulnerando el principio de territorialidad”.

Advertencia desde Idea

Un reciente informe del Coloquio de Idea reveló que la presión fiscal en el país puede alcanzar al 50% del precio final de un producto o servicio. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) calculó que los tributos nacionales, provinciales y municipales en conjunto se duplicaron en lo últimos 14 años.

En el caso de los municipios, “cobran impuestos cuando, en realidad, sólo deberían cobrar tasas por servicios que ofrecen”, advierten desde Idea. “La mayoría de los municipios convirtieron las tradicionales tasas municipales en un tributo que grava facturación bruta, se superpone con Ingresos Brutos y además no se vincula con la prestación de servicios”.

“Desde Idea alertamos sobre la elevada carga tributaria que los municipios imponen a las empresas que no poseen en el municipio el sustento territorial, ya sea por carecer de oficina, local o establecimiento para inspeccionar. En las municipalidades en que las empresas sí poseen establecimientos, local y oficina, en las que les brinda el servicio público divisible de inspección, seguridad, salubridad e higiene, y se les puede reclamar la tasa, ésta no podrá tomar como base gravable más que los ingresos devengados por la actividad realmente ejercida dentro de dicho municipio”, señala el comunicado.

La advertencia gremial

La Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (Festram), advirtió días atrás que un fallo contrario a los intereses locales generaría “una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los gobiernos municipales y comunales”.

La decisión que tomará en la Corte -en caso de ser adversa a los municipios- “eliminará como mínimo el 35 por ciento de los recursos propios de los municipios al disponer la inconstitucionalidad del cobro del Derecho de Registro e Inspección a las empresas. Este es uno de los temas que se viene postergando por decisión política, en referencia a la aplicación del Pacto Fiscal denunciado oportunamente por Festram”, advirtió Festram.

Según el gremio que conduce Claudio Leoni, “esta exigencia que impuso el FMI en términos genéricos, hoy se puede materializar si la Corte suspende la aplicación de ese tributo, en un fallo que favorece a una petrolera multinacional en desmedro de más de 2.200 municipios argentinos”.

De los 163 impuestos que imponen los distintos niveles de gobierno a las empresas e individuos, 82 corresponden a municipios y departamentos, lo que contribuyó a que la presión fiscal -que era de 22,9% sobre PBI en 2002- creciera 50% hasta llegar a 33,4% en 2019.

En los primeros cinco meses del año, la recaudación nacional alcanzó un crecimiento nominal del 44%, pero con una caída real -descontando la inflación- del 6,5% respecto a igual período de 2018.

El objetivo del presupuesto nacional

La presión tributaria nacional presupuestada para este año es de 24,2% del PBI. Según los cálculos de Nadin Argañaraz -del Instituto Argentino de Análisis Fiscal- la crisis económica pone en jaque el objetivo en torno de las cuentas públicas y obligaría al sector público a realizar un mayor recorte de gastos ante la imposibilidad de recaudar más por vía de más impuestos. “Si ese ajuste es sostenido -especula el especialista- es factible suponer que el gasto público primario finalice con una reducción de 0,5 puntos porcentuales del PBI por encima de la reducción originalmente presupuestada”.

Según sus estimaciones, las prestaciones sociales aportarían una baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI y los gastos de funcionamiento 0,3 % más. Sumando la contracción en el resto de Gastos Corrientes, la totalidad de los componentes del gasto que ajustarían para abajo aportarían 1,1 puntos porcentuales del PBI. Eso en la esfera nacional.