El calendario electoral santafesino -que previó el cierre de listas para febrero- y el proceso electoral en marcha hirieron de muerte a la actividad legislativa que registró apenas sesiones simbólicas en estos tres primeros meses del año. La situación no variará de acá a la apertura del Período Ordinario de Sesiones previsto para el 1 de mayo, ocasión en que el gobernador Miguel Lifschitz pronunciará el último de sus discursos ante la Asamblea Legislativa.
El Poder Legislativo es el que mejor expresa a la política y es la política la que puso en marcha la campaña electoral que finalizará en junio con la renovación de autoridades, entre ellas las dos cámaras, Senado y Diputados.
En los hechos, hoy el Ejecutivo no tiene urgencias por ninguno de los temas que pueden estar en la agenda legislativa y los que propicia como bandera electoral ni siquiera fueron habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. Con la ley de Presupuesto sancionada en diciembre, el Estado tiene el instrumento fundamental para el andamiaje institucional.
Lifschitz habilitó sobre fin del año pasado una batería de proyectos, entre ellos la futura ley de Educación que está a discusión en el Senado, cámara cuyos líderes ya anunciaron que el proyecto tendrá cambios que intentarán consensuar con Diputados. De todos modos, la definición pasará para después de las elecciones. Los senadores saben medir el impacto que ciertos aspectos de la ley pueden tener en sus respectivos departamentos y optaron por pisar la pelota. Igual destino podría tener la adhesión a los cambios en la ley de ART que piden a gritos los sectores empresariales. El tema es puesto en primer plano de los reclamos de las cámaras empresariales cuando se sientan con los precandidatos. Ejemplifican con números sobre la mesa el impacto que tiene en sus costos de carga laboral la falta de adhesión. Sin embargo, sectores sindicales mantienen el poder de lobby sobre legisladores que miran el asunto también en clave electoral. Aunque parezca mentira la presión es de dirigentes de gremios estatales no alcanzados por la norma. Después de junio será otra historia.
En la agenda de Diputados están puestos sobre la mesa de prioridades una nueva ley de transporte y el futuro Código Procesal Civil y Comercial. Sobre el primer tema varios de los legisladores del oficialismo optan por no apurarse a cambiar una legislación de cuarenta años en las últimas semanas de gestión de un gobierno. En cambio, sobre el Código hay resistencias mínimas pero recién el último jueves el Frente Progresista recuperó la mayoría de integrantes en la Comisión de Derechos y Garantías que deberá dar el primer dictamen. Es otro tema que pasaría a Ordinarias.
La Casa Gris anunció y envió a Diputados los proyectos para recrear un banco público y otras figuras jurídicas para apoyar a los sectores productivos. Sin embargo, ninguno de los temas fue incluido en Extraordinarias. Igual criterio hasta este fin de semana con la autorización para dotar de mayores fondos al programa Equipar que permitió que municipios y comunas hayan rearmado su parque automotor y de maquinarias. Una veintena de pliegos fueron remitidos en febrero pero tampoco fueron habilitados y el Senado fijó para el 23 de mayo la fecha de tratamiento en el recinto de la Asamblea Legislativa.
De aquí a mayo, apenas quedaría la convocatoria para ambas cámaras para el 11 de abril y las respectivas Preparatorias, sesiones previas a la apertura del año Ordinario que cuando lo habilite Lifschitz ya encontrará a muchos legisladores sin posibilidad de repetir y la encuesta de las Paso ya podrán ir perfilando la estructura del poder que asumirá en diciembre y la agenda aparecerá más despejada de incógnitas.