Apuran por decreto nuevas bandas en el negocio del 4G

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Analistas del mercado de telecomunicaciones marcaron visiones diferentes sobre el impacto que tendrá el decreto presidencial sobre administración de frecuencias, en el negocio de 4G y comunicaciones. La decisión de la Casa Rosada le permitirá adjudicar bandas de espectro que tenía en preferencia la empresa Arsat.

El decreto le otorga al Enacom la facultad de asignar estas frecuencias “a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional”. Dispone también que un “20% de las frecuencias” serán otorgadas a “prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”.

Toda licitación de espectro implica el ingreso de dinero para las arcas nacionales. La licitación de frecuencias del año 2014 generó para el Estado ingresos por U$ S 2.200 millones. Si bien se trata de una cantidad menor de frecuencias, distintos analistas consultados coincidieron en que el valor actual de estas frecuencias es hasta 60% por debajo de lo pagado en 2014.

En la valuación de las frecuencias, pesa que las empresas no tienen la urgencia de 2014, cuando el atraso en la licitación de 4G, llevó a sobresaturar las redes de 2G y especialmente 3G, además del equilibrio entre precio y requisitos.

“El DNU es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, afirmó Franco Cecchini, titular de la Cámara de Telefonía IP (Catip), que reúne a las operadoras pymes. Agregó que “liberar las fuerzas de todos los emprendedores argentinos con ganas de invertir y competir por los maltratados usuarios es una decisión inteligente que cambiará para mucho mejor la calidad y nivel de servicio de Telecomunicaciones de nuestro país”.

El consultor Enrique Carrier consideró que “hay que ver cómo se implementa el otorgamiento, para ver quiénes pueden participar, si hay o no restricciones para los operadores existentes”.

El investigador del Conicet, Martín Becerra, aseguró por su parte que “con el breve DNU 58/2019, el gobierno argentino vuelve a modificar la estructuración, reglas de juego y asignación de recursos públicos en el sector de las comunicaciones” en un artículo que tituló “Macri decreta a favor de las telefónicas”.

El gobierno justificó el DNU al señalar que “resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado nacional ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en la Ley 27.208, reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Arsat, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles”.

“La urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes”, indicó el DNU y añadió que “la experiencia indica que los procesos de adjudicación de este tipo de licencias o autorizaciones conllevan plazos que se prolongan en el tiempo”.

Para el gobierno, “esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida”, por lo cual consideró indispensable recurrir a un DNU.

Incumplimiento

El decreto de necesidad y urgencia 58 otorga al Ente Nacional de Comunicaciones las bandas de espectro radioeléctrico que tenía en reserva la empresa Arsat. Estas bandas, que sirven para dar servicios de Internet móvil con tecnología de 3G y 4G, ya tienen su propia historia pues fueron las mismas que el Estado puso en manos de Arsat para el proyecto Libre.Ar, que nunca se concretó y fueron las asignadas en el año 2014 a la empresa del grupo Vila, Arlink. El incumplimiento de Arlink hizo que las frecuencias volvieran a Arsat como “reserva” pero recién el año pasado su uso dejó de estar judicializado.

Reservas para Arsat

A través del DNU, el gobierno modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital en un sector en el cual la empresa estatal Arsat tenía “carácter preferencial”. La Ley 27.078, que había sido sancionada en noviembre de 2015, declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados.

El artículo 11 de esa Ley reservó con carácter preferencial a Arsat una serie de frecuencias. El nuevo DNU de Macri le reserva a Arsat “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines” , pero al mismo tiempo genera “condiciones de competencia” y “promoción del desarrollo regional”, apuntando a zonas donde las grandes prestadoras no llegan.