Consorcios: una norma que blanqueará gastos de expensas, basura y ascensores

Luciano Andreychuk

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La ciudad se densificó y la modernidad convirtió la vida en “horizontal”. En la última década se construyeron más de 250 edificios —113 edificios estaban en ejecución a mayo pasado—, y si bien no hay datos precisos sobre cuánta gente vive en departamentos, sí se sabe que en la ciudad hay 417.224 habitantes (proyección del informe Santa Fe Cómo Vamos 2016) y que la densidad poblacional sobre suelo habitable es de más de 5 mil personas por kilómetro cuadrado (un promedio de 518 personas por cada manzana). Mucha gente, poca tierra edificable en el ejido urbano.

El boom de los emprendimientos inmobiliarios advirtió esto hace más de diez años. Se empezó a construir en altura y los edificios nacieron —y nacen— como “hongos”. Están administrados por consorcios, los más grandes (dependiendo de la normativa vigente). Cada edificio es como una pequeña ciudad adentro de otra (y otras), y aquí aparecen los problemas propios de la convivencia de unos encima (y debajo) de otros. Los inquilinos lo saben: pagar expensas, las normas de seguridad y servicios de limpieza, los horarios para el retiro de los residuos, el control regular de los ascensores, e incluso los conflictos interpersonales.

En un intento por morigerar estas situaciones que muchas veces generan problemas, desde el Concejo se creó por ordenanza un Registro Municipal de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. En él deberán inscribirse todas las personas que, justamente, administren consorcios. Y en ese registro deberán ingresar los datos y varios requisitos más: nombre y apellido o razón social; CUIL o CUIT; certificado de libre inhibición y buena conducta; acta de designación del Consejo de Administración y designación del administrador, entre otros.

Para qué

“Al estar los consorcios en este registro, se puede establecer una suerte de control respecto de diferentes circunstancias que se dan en las administraciones”, contextualizó en diálogo con El Litoral Carlos Suárez (UCR-Cambiemos), que impulsó la ordenanza sancionada.

Una vez registrados, “se podrán estandarizar los datos que tienen los recibos de pago y liquidación de las expensas. No siempre los inquilinos saben qué le están cobrando en ese servicio. Así, el Municipio establecería parámetros con la información que existe en estos recibos (de expensas) y que, luego, puedan ser estandarizados en toda la ciudad”.

Pero el registro no sólo permitiría “blanquear” y sistematizar sólo esta información: “También los horarios de retiro de los residuos domiciliarios de cada departamento, e incluso los horarios de lavado de veredas”, agregó Suárez. Así, cuando estén todos los administradores de consorcios registrados, “se posibilitaría que el Municipio trabaje con una vinculación más concreta con aquellas personas que llevan adelante este tipo de administración, que es cierto: no es fácil”, agregó.

El inquilino o propietario de un departamento podrá conocer —accediendo a este registro— quién está administrando el consorcio del edificio donde se vive. ¿Por qué? Porque será de “acceso público, gratuito y debe estar disponible para su consulta en la página web del gobierno de la ciudad”, dice el artículo 9. “Muchas veces ocurre que se cambia de administrador, y no siempre la gente lo sabe; con esto se transparenta la información”, agregó el concejal. Con todo, una persona que vive en un departamento podrá saber “quién es el administrador, las mediciones de expensas, las empresas que prestan servicios de limpieza, entre muchas otras cosas”.

Ascensores

Hay otra ordenanza vigente que establece una regulación de los ascensores, la cual fija determinadas obligaciones orientadas a la seguridad y mantenimiento, principalmente. “Un inquilino no siempre sabe a ciencia cierta por qué en las liquidaciones de expensas figuran las revisiones de mantenimiento de los ascensores. Entonces, el registro facilitaría el acceso a esta información”, explicó el edil.

Suárez consideró como necesario también capacitar a los administradores de consorcios. “Si bien esta actividad sigue siendo incipiente en la ciudad, sería importante que brindarles capacitación. Hay viviendas tipo Fonavi que no tienen consorcio, y debieran tenerlo. Esto debe ser una actividad que esté regulada, ordenada y controlada, porque la realidad de la explosión demográfica nos pasó por encima”, admitió. Es la modernidad tallando, otra vez, en la gran urbe de cemento.

Sanciones

La ordenanza establece multas para quienes incumplan las obligaciones que fija la ordenanza, e inhabilitación de hasta 5 años en caso de reincidencia o acumulación simultánea de las infracciones.”También podrán volcarse denuncias por mala administración”, agregó Suárez.