Luciano Andreychuk | [email protected] | @landreychuk
El Concejo le pidió el Ejecutivo que mande las propuestas para cubrir dos cargos que se encuentran vencidos. Son tres los integrantes del órgano encargado de -nada menos- monitorear, supervisar y garantizar la buena prestación de un servicio utilizado por la mayoría de los santafesinos. La reelección de uno de sus miembros, entre críticas opositoras y la versión del Municipio.
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¿Quién debe controlar el buen funcionamiento del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos? ¿Dictaminar sobre pedidos de nuevos aumentos, emitir informes de supervisión sobre el estado de las unidades, la antigüedad, las frecuencias? Un Órgano de Control creado por ordenanza Nº 11.580 de 2009, e integrado por tres profesionales idóneos. Estos tres miembros son el Ing. Civil Juan Jaurena, y los CPN Carolina Gallucio y Matías Battista.
El mandato de Jaurena venció el 27 de agosto pasado: “Ya no pertenezco al Ente de Control”, le confirmó el ingeniero a El Litoral. El contador Battista tiene mandato hasta diciembre de este año. A fines de diciembre de 2014, el Concejo aprobó la designación de Battista para integrar el ente que debe fiscalizar el servicio de transporte público. Los mandatos de cada uno de los miembros dura cuatro años y pueden ser reelegidos por una única vez, no más.
La duda jurídica pasa por la tercera integrante, Carolina Gallucio. Por Resolución N° 14.443 sancionada el 7 de noviembre de 2012, el Concejo le concedió al Ejecutivo la propuesta de la contadora como integrante del Órgano (de acuerdo al art. 22º de la referida normativa”. Pero mediante una prórroga dada por decreto del intendente José Corral, sigue en funciones: es el DPB N° 0405 del 24 de noviembre de 2016, que dice: “Prorróguese por un nuevo (el segundo) período la designación de la CPN Carolina Gallucio como integrante del Órgano de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos, de conformidad con la ordenanza N° 11.580”.
Ese decreto del mandatario local ¿está realmente en conformidad con la referida ordenanza? La norma establece taxativamente en su artículo 25: “Los miembros del órgano serán designados con acuerdo del Concejo a propuesta del Ejecutivo (...). El Ejecutivo dispondrá un procedimiento que garantice la publicidad de las propuestas, la posibilidad de realizar observaciones fundadas a las mismas y el derecho de defensa de los interesados. Concluido dicho procedimiento, el Concejo procederá a tratar las designaciones”.
El cuestionamiento
En la última sesión del Legislativo local, los ediles del bloque frentista impulsaron una resolución —finalmente sancionada sobre tablas, con la abstención del bloque Cambiemos— donde se dispuso que el Ejecutivo en un plazo de 10 días hábiles, remita al Legislativo local las propuestas pertinentes para cubrir esos dos cargos de los miembros “cuyos mandatos se encuentran vencidos desde noviembre de 2016 y agosto de 2018 (este último, el caso de Jaurena)”.
“El mandato de Gallucio se encuentra vencido desde noviembre de 2016”, consideró Marcelo Ponce (FPCyS). “El intendente (José Corral) le concedió una prórroga por un nuevo período, que consideramos es inválida e improcedente porque se hizo por fuera de la ordenanza, que establece que cada miembro puede ser reelegido de acuerdo a lo resuelva el Concejo, tras propuesta del Ejecutivo”.
En el caso de la contadora, “en abril de 2018 habíamos aprobado una resolución pidiendo exactamente lo mismo: que (el intendente) envíe a este Concejo la propuesta a fin de cubrir ese cargo de miembro del Órgano de Control. Aún no obtuvimos respuestas por parte del Municipio”, renegó Ponce. Ahora la situación es más compleja —opinó—, “ya que hay otro miembro del Órgano cuyo mandato venció el mes pasado (Juan Jaurena).
La visión del también opositor Ignacio Martínez Kerz (PJ) fue crítica respecto de para qué sirve hoy al Entre de Control como instrumento. Éste “no ha generado ningún impacto positivo en mejorar la calidad del servicio. Es una órgano que no controla, que no tiene una representación adecuada; que no sirvió para nada en términos de su función. ¿Va a cambiar la situación del transporte de colectivos porque se conforme el órgano? La verdad que no sé...”, disparó en el recinto: Insistió en la necesidad de licitar el sistema de transporte por colectivos.
La versión oficial
En diálogo con El Litoral, la secretaria General del Municipio, María Martin, consideró que la reelección de Gallucio por decreto del intendente “es procedente” y “se ajusta a la norma”. “Interpretamos que el mandato de la contadora se encuentra vigente, por la prórroga otorgada (en 2016). “Nuestra interpretación jurídica es que esa extensión del plazo como miembro de Órgano (a Gallucio) está vigente”, subrayó.
—¿Aún no habiendo pasado su propuesta por el Concejo?
—Sí. Porque los organismos técnicos que asesoran al Municipio establecen una interpretación de la ordenanza que fija que la persona en cuestión es idónea y capaz para ocupar ese lugar. Hubo dos dictámenes de Fiscalía Municipal que avalaron su reelección (de Gallucio).
—¿Qué implicancia institucional tiene el hecho de que el Órgano no esté conformado plenamente con sus tres miembros?
—Para nosotros es muy importante la cuestión del asesoramiento, porque hay que tener en cuenta la complejidad técnica del sistema (de transporte por colectivos). Y siempre es valioso tener voces con experiencia e idoneidad en la materia.
La funcionaria no arriesgó tiempos respecto de las postulaciones que debe remitir el intendente (como titular del Ejecutivo) al Concejo para cubrir las vacantes del órgano. “Se enviarán oportunamente”, se limitó a decir.
Las funciones del Órgano de Control
La ordenanza N° 11.580/2009 —que legisla sobre todos los aspectos del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos de la ciudad—, crea la figura el Órgano de Control. Éste tiene funciones tales como “auditar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de los prestadores del servicio (las empresas)” y “las acciones de control que el Ejecutivo implemente sobre el sistema de transporte (...); controlar el cumplimiento de las Normas de Calidad (ISO); realizar encuestas y evaluaciones sobre la calidad del servicio y la satisfacción por parte de los usuarios”.
También, “procesar y publicar datos estadísticos sobre el sistema; analizar las bases de cálculo de los regímenes tarifarios y dictaminar sobre las mismas a solicitud del Ejecutivo; analizar los recorridos y frecuencias de las líneas de transporte y dictaminar en forma previa a cualquier modificación de las mismas que disponga el Ejecutivo Municipal o el Concejo, conforme las potestades normativas y contractuales”, entre otras.