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El juez federal Sergio Torres pidió hoy informes sobre viajes del presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno en la flota presidencial o en aviones de empresas privadas, entre otras medidas de prueba y operativos dispuestos en la causa que investiga supuestos delitos vinculados a empresas aéreas low cost y contrataciones estatales.
Torres ordenó las medidas en la causa donde el fiscal federal Jorge Di Lello imputó y pidió investigar al presidente Macri en relación a supuestas irregularidades en la concesión de rutas low cost a empresas como Avianca, entre otros delitos, explicaron fuentes judiciales.
Entre otras medidas, Torres pidió informes a la Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia, entre otras empresas y organismos.
Di Lello imputó en la causa a Macri, su padre Franco Macri, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, entre otros. A la Secretaría General de la Presidencia, el juez pidió un detalle de los viajes del Presidente y otros funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015 al presente en la flota de aviones presidencial o bien en aeronaves rentadas al sector privado. Además se requirieron datos sobre una licitación pública hecha para contratar un servicio de transporte aéreo interno para viajes institucionales.
A la empresa Aerolíneas Argentinas se le solicitó informes sobre un dictamen jurídico relativo a las condiciones para los accionistas mayoritarios extranjeros a la hora de ser propietario de una empresa aérea para vuelos de cabotaje y copia de acuerdos de cooperación firmados con la empresa ‘Sol Líneas Aéreas‘.
También se pidieron informes sobre la empresa ‘Avian Líneas Aéreas‘ y si la misma pidió que se le asigne un hangar en el aeroparque Jorge Newbery.A ‘Aeropuertos Argentina 2000‘ se le pidieron detalles sobre la cancelación de deuda por parte de las empresas Macair Jet SA y Baires Fly SA.
La denuncia fue presentada por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.En esa denuncia se aludió a supuestas irregularidades como la venta de la empresa ‘Macair jet‘, del grupo económico de Franco Macri, a la colombiana ‘Avianca‘, contrataciones estatales con esta empresa y luego su entrada al país para operar rutas en supuesto perjuicio para Aerolíneas Argentinas.