El gobierno destinará $ 60 mil millones al pago de sentencias judiciales a jubilados

El gasto está incluido en el Presupuesto 2019


Archivo El Litoral

El Litoral / Telam


El gobierno nacional destinará casi 60 mil millones de pesos al pago de sentencias judiciales por demandas vinculadas al reajuste de haberes jubilatorios, según se contempla en los gastos previstos en el presupuesto 2019.


Además, el Poder Ejecutivo establecerá nuevos requisitos para que se conceda a los ciudadanos la Pensión Universal para el adulto mayor, que la Anses otorga a una persona mayor de 65 que no puede acceder al beneficio por carecer de los 30 años de aportes para tener una jubilación.


Estas decisiones figuran en el proyecto de presupuesto 2019 que presentó el lunes pasado el ministro de Hacienda y finanzas Nicolás Dujovne, y que se comenzó a debatir el miércoles en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que conduce el macrista santafesino Luciano Laspina.


Sobre el pago de sentencias, el gobierno tiene previsto destinar 49.313.300.000 de pesos al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley Nº 27.260.


Además contempla derivar 8.160.346.000 de pesos al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.


Este monto puede ampliarse ya que se faculta a la Jefatura de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias, previa intervención del Ministerio de Hacienda, el límite para la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial.


En cuanto al beneficio que otorga la Anses para las personas que no pueden acceder a la jubilación por carecer los respectivos aportes y que se implementa desde hace dos años, el gobierno establece que “el goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”.


En la actualidad ese beneficio se podía otorgar a los mayores de 65 que no tengan ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o instituciones provinciales o municipales ni seguro de desempleo, pero ahora se agregó que tampoco es compatible con la realización de una tarea en relación de dependencia o por cuenta propia. 


El monto que se percibe es $6909,70 pesos equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad.


También se prorrogó por diez años las pensiones otorgadas a propuestas de los legisladores, pero con los límites ya establecidos en las normas vigentes de que no pueden tener ingresos superiores a dos jubilaciones mínimos y una vivienda con un valor menor a los cien mil pesos.


También no se podrá “tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante‘.

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