El Litoral
La consulta popular que pretendía eliminar prácticas de corrupción en el Estado colombiano no alcanzó el umbral mínimo de votantes y por lo tanto no podrá convertirse en ley, según indicaron fuentes oficiales.
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Para que la consulta fuera válida se necesitaba que la tercera parte del censo electoral acudiera a las urnas (12.140.342 personas), pero sólo lo hicieron 11.644.910 personas, según indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano electoral encargado de organizar las votaciones, con el 99,44 por ciento de mesas informadas.
Los colombianos debían responder siete preguntas con "Sí" o "No", todas ellas encaminadas a impedir el robo de dineros públicos y hacer más transparente la contratación estatal.
Dentro de las propuestas estaba reducir el salario de los congresistas, eliminar los beneficios para los políticos que sean acusados de hacer negocios con fondos públicos y que los parlamentarios estuvieran obligados a rendir cuentas por sus inasistencias a las sesiones del Congreso.
Todas las preguntas superaron el 99 por ciento de sufragios a favor, pero al no alcanzar el mínimo requerido de votantes no pasan al Congreso para convertirse en ley.
El presidente colombiano, Iván Duque, felicitó a quienes salieron a votar y, aunque lamentó el resultado, dijo que "la lucha contra la corrupción no es de un día y no se acaba hoy".
"Quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción, enviamos un fuerte rechazo al saqueo de los recursos públicos desde las urnas", manifestó Duque.
El presidente agregó que al inicio de su mandato radicó en el Congreso cuatro proyectos de ley en contra de la corrupción, y anunció que en los próximos días enviará otro para endurecer las penas a las empresas que se vean involucradas en estos actos.
"Invito a los congresistas de todos los partidos políticos a responder a este clamor ciudadano con la rápida aprobación de este paquete, es lo mínimo que esperan los colombianos del Congreso después de hoy", dijo.
La senadora Angélica Lozano, promotora de la consulta, dijo que si bien no se alcanzó el umbral, la votación supone una alta participación de colombianos "que salieron de sus casas sin un incentivo que no fuera la pura convicción".
Lozano indicó que el martes próximo radicará ante el Congreso las siete preguntas de la consulta convertidas en proyecto de ley. "Vamos a dejarle el balón en la cancha al Congreso, a ver si le van a decir que no a más de 11 millones de colombianos", señaló.
Diversos analistas destacaron la amplia participación, pues los más de 11 millones de votos que alcanzó la consulta son más de los sufragios con los que Duque logró la presidencia en las elecciones de junio, cuando obtuvo poco más de 10,4 millones de votos.
El ex canciller y analista político de RCN Radio Rodrigo Pardo consideró que el resultado de la consulta fue de todas formas un triunfo, ya que obtuvo un amplio respaldo pese a que no contó con las ayudas que normalmente tienen las campañas electorales.
"Este llamado a acudir a las urnas no contó con elementos como debates televisados, tampoco hubo una polarización en donde se pidiera votar por el 'Sí' o por el 'No', tampoco campañas en tarimas y plazas públicas, y tampoco corrió mucho dinero para hacerle propaganda a la consulta", apuntó.
Si bien la consulta fue respaldada por la mayoría de sectores políticos del país, en las últimas semanas ese respaldo se diluyó de parte del gobernante partido de derecha radical Centro Democrático, que en un principio había apoyado la iniciativa.
El ex presidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, mostró su apoyo a la consulta durante los meses de campaña a la Presidencia de Duque, pero, una vez éste en el poder, cambió de opinión argumentando que prefería que las medidas que acobija la iniciativa sean tratadas directamente desde proyectos de ley impulsados desde el Gobierno.
"No voto la Consulta Engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública", indicó Uribe recientemente desde su cuenta de Twitter.
La consulta nació como respuesta a ocho proyectos de ley que buscaban combatir este mal y que naufragaron en el Congreso.
De acuerdo con encuestas hechas en los pasados años, el Congreso es precisamente la institución con la imagen más desfavorable por los problemas de corrupción en que han estado envueltos algunos de sus miembros.
Muchos congresistas han sido acusados del desvío de fondos públicos en gobiernos locales liderados por alcaldes de su mismo grupo político, aunque el mayor escándalo data de 2006, cuando se descubrieron evidencias de nexos de legisladores con grupos paramilitares de ultraderecha.
Por ese caso, llamado por la prensa "parapolítica", fueron condenados cerca de una veintena de políticos y casi 80 congresistas de las legislaturas 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014.