Abogados no quieren cambios en los aportes a su Caja Previsional

Redacción El Litoral
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Los cinco colegios de abogados de la provincia de Santa Fe rechazaron un proyecto de ley que, en la Cámara de Senadores, espera el próximo período ordinario de sesiones para su tratamiento.

Se trata de una iniciativa firmada por varios senadores del mayoritario justicialismo que modifica los aportes de los profesionales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores. Para los abogados, la reforma proyectada carece de legitimidad, puesto que fue “absolutamente inconsulta”.

En pocas palabras, la norma en discusión cambia el momento en que los abogados deberían hacer el grueso de sus aportes, en cada uno de los juicios en los que intervienen. Mientras que hoy ello ocurre a lo largo de los pleitos en tribunales, se propone cambiarlo por unas cargas mayores al iniciarse las causas.

El expediente se encuentra en las comisiones del Senado y allí esperará su turno (salvo que el Ejecutivo lo habilite) hasta el 1ro de mayo, cuando se inicie el próximo período ordinario de sesiones.

Seguramente, a los colegios profesionales no les pasó por alto la circunstancia en la que ingresó ese texto a la Cámara alta. Fue el jueves 23 de noviembre de 2017, a una semana del cierre de las sesiones ordinaria.

Como el proyecto no fue parte del paquete de iniciativas aprobadas en esa última oportunidad del año, pasó a la agenda de 2018.

Se trata de una propuesta del jefe del bloque del justicialismo Armando Traferri (San Lorenzo), que contó con el apoyo de Joaquín Gramajo (9 de Julio), Eduardo Rosconi (Caseros) y Cristina Berra (San Martín). Consiste en la modificación de los artículos 4º, 6º y 42º de la Ley Nº 10.727 que regula la Caja.

Los legisladores recuerdan que “el modelo de previsión debe lograr un equilibrio económico y financiero a lo largo de toda la vida institucional”, y advierten que se busca “superar el déficit operativo que se observa de manera creciente desde hace 11 años”.

Sostienen que “la evasión de aportes finales está en un promedio del 75%, la forma de resolverlo es exigiendo un aporte inicial que refuerce financieramente a la Caja, y, para ello, “se eleva en un dos por ciento (2%) el importe de la boleta de iniciación de juicio”.

Además, “se establece un aporte a cuenta del aporte final en unidad de JUS, suma que se deducirá conforme al JUS vigente en dicha oportunidad”, y consiste “en un aumento de 292 pesos y 188 pesos”.

El precio de pedir justicia

Los autores del proyecto afirman que “estas dos medidas no tienen un impacto económico que provoque un encarecimiento en la promoción de juicios, y resulta altamente beneficioso para la Caja”.

Sin embargo, ese es el punto que con más énfasis atacan los colegios de abogados. Y así se lo han hecho saber a los senadores en noviembre del año pasado las autoridades del Colegio de Abogados de Santa Fe que -días antes de la última sesión ordinaria donde salen proyectos al por mayor- tomaron contacto con el bloque. Luego consensuaron un documento con sus pares del interior, que la semana pasada ingresó formalmente al Senado.

“No se pueden avalar medidas que restrinjan el acceso a la Justicia e incrementen los costos para los profesionales que se esfuerzan por honrar sus obligaciones”, sostienen los colegiados. Y reclamaron ser convocados ante cualquier iniciativa atinente al funcionamiento de las instituciones forenses.

Cambios

La norma en discusión plantea no reducir los haberes de las diferentes categorías, sino disminuir “de manera solidaria” esas prestaciones en los niveles más altos para “asegurar los beneficios de la seguridad social a todos los beneficiarios, presentes y futuros”.

“Consideramos -dicen los senadores del peronismo- que la modificación encuentra fundamento en los estudios actuariales recientes donde claramente surge que deben ajustarse los porcentajes establecidos oportunamente, ya que los mismos producen un desequilibrio financiero que agravan notoriamente el déficit operativo”, advierten.

Un déficit de $ 47 millones

Luis Rodrigo

Un informe económico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Santa Fe es la base del proyecto de ley que los senadores justicialistas propusieron.

El cambio de aportes de los abogados a su Caja consta en los fundamentos del expediente. Allí, las autoridades del organismo advierten -palabras más, palabras menos- que hoy es posible pagar a los beneficiarios porque se utilizan abultados ahorros de otros años.

El texto abunda en cuadros sobre la situación deficitaria operativa y muestra dos números relevantes: el último ejercicio cerró con un déficit operativo anual de $ 47.185.670. Pero si se detrae un ingreso extraordinario por una moratoria, que recaudó $ 15.938.784, el rojo real trepa a $ 63.124.563.

Peor que la foto del 30 de junio de 2017 es la película que comenzó en 2007. La Caja de los abogados y procuradores lleva 11 períodos de resultado negativo, y para colmo los últimos tres años son los peores. Hasta 2013 el déficit no supera los 11 millones (y en algunos años baja a 5), pero desde 2014 el problema crece a 26 millones y luego escala a 44 y 47 millones.

También la Caja informa sobre la situación de sus “reservas”, es decir, los recursos económicos ahorrados. En 2007 sumaban $ 186,4 millones y hoy se multiplicaron (seguramente en el sistema financiero) hasta alcanzar los $ 844,1. A esto, claro hay que compararlo con la inflación y en este punto, el informe económico dice que 11 años atrás las joyas de la abuela eran suficientes para enfrentar los egresos totales de 6,6 años. Hoy alcanzan para 1,6 años.

El anexo es claro respecto de la causa principal: “de acuerdo con manifestaciones de las autoridades de la Caja esta disminución, en gran parte, se debe a los procesos de mediación en los cuales no se estaría cumpliendo con la obligación inicial de los aportes”, y estima una cifra entre lo que se pudo haber aportado y lo que no que es alarmante: 75%, y consta en los considerandos del proyecto.