ilustración: Lucas Cejas
Pollicita y Mahiques describen una “maniobra” para beneficiar con fondos públicos al empresario K, hoy preso por lavado de activos.
ilustración: Lucas Cejas
De la redacción de El Litoral
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron hoy la imputación contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública -durante su gestión- en favor del empresario detenido Lázaro Báez.
En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la “maniobra ideada previamente, con el fin de asignar y destinar” por distintas vías oficiales “millonarias cantidades de fondos públicos” a Báez, “a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar”.
La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron a Télam que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha, dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.
Quince casos
La maniobra se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.
“En todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado”, sostuvieron.
Pollicita y Mahiques aseguraron que el gobierno K “favoreció una millonaria asignación de recursos a la DNV dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la provincia de Santa Cruz”.
Un inspector para 18 obras
Las empresas ligadas a Báez (Austral Construcciones, Kandk y Costilla, Gotti) se presentaban por separado a las distintas licitaciones para simular competencia y para “aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.
Según aseguraron los fiscales, el gobierno kirchnerista utilizaba luego decretos de necesidad y urgencia para elevar los presupuestos cuando fuera necesario.
Entre las irregularidades que encontraron en las obras adjudicadas a Báez, los fiscales subrayaron “la designación de un único representante técnico para todas las obras”. Debía vigilar “al menos 18 obras viales que se desarrollaban simultáneamente a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Cruz”.
También señalaron que Austral Construcciones utilizó la misma planilla de equipos y maquinaria para el desarrollo de múltiples y simultáneas obras viales.
Además del análisis de los 15 nuevos casos testigos que no habían incluido en su dictamen anterior, los fiscales enumeraron una serie de operaciones comerciales entre el matrimonio Kirchner y el empresario detenido a fin de demostrar el vínculo entre las partes investigadas por la maniobra de presunto fraude a las arcas públicas.
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Corrupción transnacional
Entre las irregularidades que encontraron en las obras adjudicadas a Báez, los fiscales subrayaron “la designación de un único representante técnico para todas las obras”.
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