Brasil: media sanción a proyecto que congela el gasto público por 20 años

Télam

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta noche por 366 votos contra 111 y dos abstenciones un proyecto de enmienda constitucional con el que se procura congelar por 20 años el gasto público en la principal economía latinoamericana, un proyecto clave para el ajuste fiscal del gobierno de Michel Temer que aún debe pasar por el Senado.

En protesta contra la reforma a la política fiscal incluida en la Constitución de 1988, estudiantes universitarios y secundarios ocuparon y protestaron en la oficina de la presidencia de la República en la Avenida Paulista, en San Pablo.

El oficialismo que respalda a Temer logró más votos de los necesarios para tener los tres quintos de la cámara baja y votar en primera rueda el proyecto, que debe seguir un rito de cinco sesiones y volver a tener votación la última semana de octubre, con lo cual si es aprobada deberá ser elevada al Senado.

La iniciativa tuvo el empeño personal de Temer, quien organizó el domingo a la noche una cena para 200 diputados y sus familias a los que les pidió el apoyo; incluso tres ministros abandonaron sus cargos temporalmente y volvieron a sus bancas de diputados para esta votación.

"Estamos haciendo historia, nosotros queremos que en el último día de nuestro gobierno podamos decir que salvamos a Brasil", dijo Temer en el discurso ofrecido durante la cena. Esta mañana, el gobernante dijo a Radio Estadao que "no hay un plan B", a no ser fijar un techo de gastos en el presupuesto.

Para Temer, la opción a la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 es aumentar los impuestos, una posibilidad contra la cual presionaron durante la campaña a favor del juicio político contra Dilma Rousseff las patronales industriales de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais y la Confederación Nacional de la Industria (CNI).

La ex presidenta Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto por violar la ley fiscal, dijo que el proyecto "impide por dos décadas que más niños y adolescentes tengan acceso a la escuela y a la universidad y a tener un atención de salud de calidad".

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, desestimó un recurso de último momento del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) para evitar la votación, luego de que la fiscalía general de la República se pronunciara el viernes con que el cambio de la carta magna de 1988 sobre el presupuesto nacional era "inconstitucional".

En una larga sesión, la discusión estuvo basada en cómo se afectarán los recursos para salud y educación, ya que por más que el país crezca y aumente la recaudación, el Estado no podrá invertir más en esos sectores porque habrá un techo constitucional.

El proyecto indica que el límite de gastos podrá cambiarlo dentro de diez años el presidente que se encuentre en el cargo y es una de las ideas del ministro de Economía, Henrique Meirelles, quien el jueves pasado en cadena nacional pidió comprensión a la población prometiendo que este será el "camino a un desarrollo con justicia social de verdad".

En medio de la discusión, Marcus Pestana, del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo en Diputados durante su discurso que "el PT ha dejado un agujero fiscal que hay que cerrar", poniendo como ejemplo la disciplina fiscal y el Tratado de Maastricht, que rige los límites fiscales de los países de la Unión Europea.

Por su parte, Orlando Silva, quien fue ministro de Deportes de Rousseff, sostuvo: "Esto que se viene es la vieja política, en la cual el pueblo no tiene cabida dentro del presupuesto nacional. El dinero que será preservado será el del superávit primario, el destinado a pagar los intereses de la deuda pública".

En el mismo sentido se pronunció la conservadora Clarissa Garotinho, del Partido de la República, quien dijo que "el sector financiero es el único que no tendrá congelado su presupuesto porque se le garantiza el pago de intereses de los títulos de la deuda pública".

La enmienda prevé que se congele el presupuesto y que sólo sea actualizado por la inflación del año anterior.
El gobierno de Temer, cuando asumió en forma interina en mayo, amplió a 54.000 millones de dólares el déficit fiscal, el doble de lo que había presupuestado Rousseff a inicio del año.

La propuesta de enmienda constitucional fue saludada por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristiane Lagarde, quien recibió ayer en Washington a Meirelles.

"Estoy animada por el foco y la dirección de esas reformas; si se aprobaran en un período razonable, ayudarían a fortalecer la credibilidad de la política macroeconómica, generar confianza en la economía y anclar el retorno al crecimiento fuerte, inclusivo y sustentable", dijo Lagarde tras la reunión.

La directora gerente del FMI aseguró que estaba "satisfecha" de haber conversado con Meirelles, con quien habló sobre "los planes de las autoridades brasileñas de reformas para el sector fiscal y la propuesta de enmienda constitucional para frenar el crecimiento del gasto público".

Brasil, la mayor economía de América latina, cerrará 2016, por segundo año consecutivo, con una caída de su economía de más de tres por ciento.

Además de esta enmienda, el gobierno de Temer ha abierto un programa de concesiones y privatizaciones y lanzó un plan de desinversión hasta 2020 de la petrolera estatal Petrobras, que incluye la venta de activos de la mayor empresa brasileña.