Mujer: ¿derechos políticos o privilegios?

Rogelio Alaniz Las mujeres votaron para elegir presidente de la nación el 11 de noviembre de 1951, es decir, hace más de sesenta años, por lo que podría deducirse que hoy una mujer jubilada nació con los derechos políticos plenos. Fue una larga lucha protagonizada en sus orígenes por mujeres valientes y solitarias que finalmente dio sus frutos con la ley 13.010 aprobada por el Congreso de la Nación en septiembre 1947, una ley que dicho sea de paso, ya contaba con media aprobación en el Congreso antes del golpe filonazi del 4 de junio de 1943. Desde esa fecha, en la que veintitrés diputadas ingresaron al Congreso, hasta la actualidad, la participación de las mujeres ha sido cada vez más intensa y amplia. El gran mito político de la Argentina fue sin ir más lejos Eva Duarte, que si bien nunca fue elegida, la propaganda oficial de entonces la identificó con los derechos políticos de la mujer, aunque, para ser justos, idéntica mención debería hacerse a esas grandes mujeres como Elvira Dellepiane, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri o Alicia Moreau de Justo, quienes, en más de un caso en absoluta soledad, lucharon por los derechos políticos de la mujer. A partir de los años sesenta, para fijar una fecha tentativa, la participación de la mujer se amplió a todas las actividades de la vida social. Para ello hubo que superar prejuicios arraigados alentados por la subcultura machista. Como todo proceso cultural tuvo luces y sombras, pero, de todos modos, el balance que hoy podemos hacer los argentinos en materia de participación política de las mujeres resulta satisfactorio. Y la manifestación más evidente de lo que digo lo confirma la presencia desde 1974 a la fecha de dos presidentes mujeres. En la actualidad, la vicepresidente de la Nación es Gabriela Michetti, que suma a su condición de género la de discapacitada. La provincia más poblada y si se quiere más conflictiva del país, Buenos Aires, es gobernada por una mujer. Las carteras clave de Relaciones Exteriores y Seguridad son ocupadas por mujeres: Susana Malcorra y Patricia Bullrich. Tierra del Fuego, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz han sido o son gobernadas por mujeres. Rosario, una de las principales ciudades de la Argentina, es gestionada por Mónica Fein. En la provincia de Santa Fe, dos carteras ministeriales son ocupadas por mujeres y durante la gestión de Obeid y Binner dos mujeres se desempeñaron como vicegobernadoras. Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Laura Alonso y Graciela Ocaña, ejercen desde sus responsabilidades institucionales tareas de “fiscales de la patria”. Dos mujeres han integrado la Corte Suprema de Justicia: Carmen María Argibay y Elena Highton, responsabilidad que ya en 1970 fue ocupada por una mujer. Alejandra Gils Carbó es en la actualidad la procuradora General de la Nación En la izquierda, el centro y la derecha la participación de la mujer es alta. Desde María Julia Alsogaray a Myriam Bregman; desde Adelina de Viola a Graciela Ocaña, desde Nilda Garré a Mariana Zuvic, las mujeres están presentes con sus pasiones, su militancia, sus gestiones, algunas brillantes, otras lamentables. Una mirada ligera sobre América Latina nos dice que la performance política de nuestro país en este tema es muy satisfactoria. En México, no ha habido presidente mujer; tampoco en Venezuela, Colombia y Uruguay. Desde otro punto de vista, en Nicaragua, por ejemplo, Violeta Chamorro fue elegida presidente hace más de veinticinco años, mientras en Chile, Michelle Bachelet ocupó la máxima responsabilidad política en dos ocasiones; algo parecido puede decirse de Dilma Rousseff en Brasil, y esto con prescindencia de su reciente destitución, provocada no por razones de género sino por sus desarreglos políticos e institucionales. En general, el Occidente del siglo XXI ha incorporado definitivamente a la mujer a la vida pública, una incorporación que en el plano cultural aún tiene algunas asignaturas pendientes que en la mayoría de los casos sobreviven marginalmente y que carece de incidencia en el plano político. En Europa, las mujeres ocupan roles estratégicos en la gestión del poder, desde el cargo de primera ministra en el Reino Unido o Alemania a la titularidad del FMI o la gestión de grandes ciudades, responsabilidades que incluyen a conservadoras, izquierdistas o socialcristianas. Si esto es así, y los hechos y testimonios lo confirman en toda la línea, la pregunta que se desprende a continuación es por qué en la Argentina existe un proyecto de incorporar a la mujer para que acceda “por decreto” a la mitad de los cargos electivos, una decisión que tal vez podría haber tenido alguna justificación hace ciento veinte años, pero hoy se parece más a una maniobra politiquera o al ejercicio abusivo de la denominada “corrección política”. Digamos en principio que el proyecto violenta principios constitucionales, porque si los libros de Instrucción Cívica no mintieron el requisito para acceder a cargos electivos es la idoneidad, en todo caso la edad y el domicilio, pero nunca el género porque, como dijera una columnista, la idoneidad alude al seso, no al sexo. Todas las mujeres mencionadas previamente, no necesitaron ni de cupos ni de leyes de género para ser elegidas. No nos imaginamos a Elisa Carrió, Gabriela Michetti, Graciela Ocaña, Laura Alonso, ampararse en estas estratagemas para ganar aquello que han demostrado que pueden ganarlo gracias a su talento ejercido sin que nadie las discriminara por ser mujeres. Si esta ley se aprobase, además de injusta y en algún punto disparatada, sentaría graves precedentes porque en la misma línea podrían reclamar algo parecido los gays, los denominados pueblos originarios o cualquier sector social que se considerara discriminado. También habría que preguntarse qué pasa, por ejemplo, con la participación de la mujer en los sindicatos, ámbitos en donde a decir verdad, el machismo suele expresarse en sus versiones más primitivas, aunque hasta el momento -y con permiso a una licencia irónica- desconozco la participación de la mujer en gremios como los de la Construcción, Camioneros o Metalúrgicos. Pero el precedente institucional más complicado es que con este tipo de “discriminación positiva” se abre una puerta inquietante a formas de representación corporativa, porque también los productores rurales, los empresarios o los trabajadores urbanos podrían reclamar lugares en las listas atendiendo la supuesta importancia estratégica o la improbable discriminación. ¿Por qué siendo tan obvio que la mujer está incorporada plenamente a la vida pública se pergeña una maniobra de este tipo? No hay una sola respuesta a esta estratagema, pero en principio bien podría decirse que lo ocurrido es una prueba de los grados de alienación que puede provocar la “corrección política” llevada a los extremos. Por supuesto, no se deben descartar especulaciones y picardías políticas que están presentes en este proyecto, ya que quienes lo promueven especulan con que serían “premiados” por el voto de las mujeres, mientras que no son pocas las mujeres fogueadas en los fragores de la política, pero también en sus pequeñas mañas y picardías, que ven en esta maniobra una excelente coartada para ocupar cargos con privilegios que, como intento demostrar, están reñidos con la cultura republicana. A modos de conclusión, diría que la presencia de la mujer en política ha sido justa, aunque habría que ver si ha sido virtuosa, no tanto porque no haya ejemplos abundantes de políticas de fuste, sino porque -insisto- la participación política incluye virtudes pero también vicios, pues importa admitir de una buena vez que para la democracia representativa los hombres y las mujeres son iguales, en sus defectos y en sus virtudes, por lo que, atendiendo a nuestra realidad histórica, no se justifican privilegios, sobre todo en un país que no es Arabia Saudita y que le reconoció los derechos políticos a las mujeres hace más de medio siglo.