José Curiotto
Por primera vez fiscales federales y provinciales trabajarán juntos en la investigación de casos vinculados con el narcotráfico y otros delitos conexos. Lo harán, incluso, desde un mismo espacio físico que funcionará en Rosario.
José Curiotto
@josecuriotto
La situación generada por el avance del narcotráfico durante las últimas décadas es tan grave, que nadie se aventura a presagiar el éxito en la lucha que la Nación y la provincia de Santa Fe parece decididas a dar de manera conjunta contra este delito. Sin embargo, es justo reconocer que los acuerdos recientemente alcanzados resultan promisorios y valiosos. Representan un verdadero punto de partida.
En este contexto, por primera vez fiscales federales y provinciales trabajarán juntos en la investigación de casos vinculados con el narcotráfico y otros delitos conexos. Lo harán, incluso, desde un mismo espacio físico que funcionará en Rosario. En principio serán alrededor de 12 investigadores de ambas jurisdicciones, aunque pronto este número podría incrementarse.
Aunque cueste creerlo, hasta ahora unos y otros trabajaron de manera inconexa. Incluso, cuando se trataba del mismo enemigo. Un sistema que funcionó sobre la base de una lógica absolutamente irracional, con los resultados que hoy están a la vista.
De todos modos, existe un largo camino por recorrer. Desde el punto de vista del Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe un solo fiscal federal está a cargo de dos Fiscalías. Y en lo que respecta al gobierno provincial, continúa demorada la puesta en marcha del Organismo de Investigaciones que dependerá del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, apenas si se avanzó con el nombramiento de un subdirector, que no cuenta con personal a cargo.
Aunque cueste aceptarlo, que el narcotráfico haya ganado la mayoría de las batallas durante las últimas décadas en el país -y en la provincia- no debería llamar la atención. Lo sorprendente, en todo caso, sería que el Estado hubiese salido airoso en este enfrentamiento a pesar de haber hecho casi todo mal durante tanto tiempo.
Quizá parezca una aseveración exagerada; pero no lo es. Sólo a modo de ejemplo, habrá que recordar que José Ramón Granero, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2004 y 2011, terminó procesado por la jueza María Servini de Cubría por haber permitido el escandaloso ingreso de efedrina al país.
Hace apenas un mes, Granero reveló que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto de los problemas que había con la importación de efedrina durante su mandato: “Ellos estaban informados del problema que había. Nosotros nos manejábamos a través de los jefes de Gabinete de ese momento, quienes también estaban informados. Estábamos actuando de acuerdo con la ley y ellos estaban al tanto de lo que hacíamos”.
Se sabe que los controles tendientes a evitar el ingreso de estupefacientes desde la frontera norte del país resultaron, cuanto menos, insuficientes e ineficientes durante demasiados años. No sólo por la escasa radarización -lo que facilitó el ingreso de avionetas al espacio aéreo argentino-, sino por la inquietante facilidad con que los cargamentos atravesaron -¿atraviesan?- los límites terrestres desde Bolivia y Paraguay.
Advertencias ignoradas
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) presentado en 2014 revelaba que “la aduana de Clorinda, en Formosa, una frontera caliente para el contrabando, no contaba con ningún vehículo para realizar tareas de control, no estaba conectada con el registro automotor para verificar patentes ni disponía de medios para realizar control satelital; en Pocitos una aduana salteña que debido a la creciente importación de gas de Bolivia está entre las diez primeras en volumen de importaciones, la zona primaria aduanera no tenía asfalto ni tinglado, ni escáneres para control de equipaje o carga. La Gendarmería estaba concentrada en la ruta principal pero totalmente ausente en caminos secundarios y sendas a lo largo de más de 100 km de frontera seca, dando lugar a zonas sin ningún tipo de supervisión”.
Pero eso no es todo. Los controles sobre la hidrovía del Paraná son prácticamente inexistentes. Según el mismo informe de la AGN, las aduanas de los puertos de San Lorenzo, Campana y Buenos Aires “tienen en común una ausencia casi total de procedimientos para detectar estupefacientes, a pesar de lo sensibles que son en esta materia las exportaciones a granel como las que se realizan mayormente desde las terminales auditadas”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acaba de reconocer que existen embarcaciones que transitan la hidrovía y arrojan “paquetes de droga a las costas”. En este sentido, aseguró que se pondrá especial atención al tramo superior del río, “donde los botes tardan menos de un minuto en cruzar a la costa”. Por este motivo, el gobierno tomó la decisión de incrementar la presencia de Prefectura Naval Argentina. Especialmente, en el complejo portuario del Gran Rosario.
¿Incapacidad extraordinaria o complicidad manifiesta? Las deudas pendientes de los últimos años en la lucha contra el narcotráfico en la Argentinas son tan elocuentes, que la sensación de sospecha se torna inevitable.
Frente a este crítico panorama, nadie puede asegurar el éxito o presagiar el fracaso. Pero después de tanto tiempo perdido, al menos comienzan a darse los primeros pasos para establecer las bases estratégicas de una pelea que será ardua. Sobre todo, porque se trata de un enemigo poderoso que logró infiltrarse en cada uno de los pliegues del país.