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Ricardo Echegaray declaró durante siete horas ante el juez federal Julián Ercolini y negó haber dado un plan de refinanciación tributaria especial a una empresa de Cristóbal López.
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Ricardo Echegaray, el ex jefe de la AFIP durante el kirchnerismo, declaró hoy durante siete horas en indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y negó haber dado un plan de refinanciación tributaria especial a la empresa Oil Combustibles de Cristóbal López, que afronta un reclamo impositivo de 8 mil millones de pesos.
"Echegaray negó la imputación de incumplimiento del delito en la concesión de planes de refinanciación tributaria y explicó de manera exhaustiva la misión de cada uno de los agentes administrativos" en la cadena de la AFIP y "su esquema de facultades", dijo a DyN el abogado León Arslanian, defensor de Echegaray, al término de la indagatoria. Según remarcó, su cliente "no tenía una intervención directa" en ese plan de pagos, sino que sólo "dio el visto bueno".
Incluso, Echegaray incluyó la interna política en la causa, y afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri otorgó 40 planes de pago al grupo de Cristóbal López, precisaron Arslanian y su colega Martín Arias Duval.
"No voy a hablar, muchachos", se limitó a decir Echegaray en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 frente a los periodistas que montaron guardia desde su ingreso a la secretaría judicial, a las 10, hasta que se retiró minutos antes de las 17.
Durante el trámite, la defensa se remitió a dos escritos anteriores en donde había hecho su descargo y reclamó la realización de una pericia contable para saber qué perjuicio económico produjo ese plan de pagos.
En ese sentido, resaltó que debe ser un análisis diferente al que hizo la AFIP, por entender que el ente recaudador es parte interesada porque es querellante en su contra.
Al igual que sus consortes de causa, Fabián de Sousa y Cristóbal López, Echegaray advirtió que el juez Ercolini no es competente para tramitar la investigación porque considera que corresponde la intervención del fuero Penal Económico.
El ex titular de la AFIP enfrentó así su tercera indagatoria en los tribunales federales desde que el kirchnerismo dejó el poder.
Fue procesado por el juez Claudio Bonadio por haber vinculado al ahora ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay con cuentas en Suiza, fallo que le valió que lo retiraran de su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Más tarde, la Cámara Federal revocó el procesamiento.
También fue indagado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la llamada "ruta del dinero K" y declaró en la causa que investiga una presunta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner para beneficiar a funcionarios y amigos.
Echegaray, López y otros 20 imputados afrontan el cargo de supuesta "defraudación a la administración pública" por unos 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles SA, que según la denuncia el empresario cobró a sus clientes pero no habría depositado a la AFIP.
El 26 por ciento de cada litro de nafta que paga un automovilista debe ir a la AFIP a través del "agente recaudador" -la empresa que vende el combustible-, pero la empresa de López se habría quedado con ese dinero, sin que la AFIP se lo reclamara, entre 2012 y 2015, lo cual representó un presunto desvío de 8 mil millones de pesos.
La actual gestión de la AFIP afirma que se habría simulado una "delicada situación financiera", aunque contaba con fondos para pagar el impuesto, y haber obtenido de la AFIP planes de pago "del articulo 32" para empresas con dificultad, que aprobaba Echegaray.
El juez Ercolini sospecha que López habría usado ese dinero para adquirir medios de comunicación y hacer más inversiones, por lo que dispuso la inhibición general de bienes del empresario, de su socio De Sousa y de todas las firmas del Grupo Indalo.
La causa se inició por una denuncia de la AFIP en la Justicia en lo Penal Económico pero al estar imputados el ex titular del ente recaudador, Echegaray, más casi una veintena de funcionarios públicos pasó al fuero federal.
Pero ese traspaso fue apelado por la defensa de López y, según las fuentes, "en breve" la Cámara en lo Penal Económico resolverá el incidente por la competencia.