De la redacción de El Litoral
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Entre las mejoras, se debe destacar que la ley amplía los organismos que deberán proporcionar información, ya que no sólo se aplicará a todos los poderes del Estado sino también al Consejo de la Magistratura, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, y a entidades privadas que manejen fondos públicos.
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La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de 15 días. “Esta ley era una deuda de la democracia, que el Congreso finalmente saldó, dando un gran paso hacia la ampliación de derechos de los argentinos, garantizando mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en asuntos públicos”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Según precisó el organismo en un comunicado, “entre las mejoras, se debe destacar que la ley amplía los organismos que deberán proporcionar información, ya que no sólo se aplicará a todos los poderes del Estado sino también al Consejo de la Magistratura, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, y a entidades privadas que manejen fondos públicos”, agregaron.
De esta forma, la ley obliga a responder los pedidos de información por parte de los ciudadanos y establece penas a los funcionarios que no cumplan con esta obligación.
La mayoría de los diputados acordó ratificar la versión que aprobó la Cámara en mayo y descartar los cambios que había incorporado el Senado la semana pasada. La iniciativa se aprobó con 182 votos positivos frente a 16 negativos, estos últimos provenientes de los bloques de izquierda, del socialismo y de Libres del Sur.
“Íbamos por más”
En diálogo con El Litoral, la diputada nacional Alicia Ciciliani explicó que su voto negativo no responde al rechazo de la norma, sino a que “íbamos por más, y perdimos la votación”, en el sentido de que apoyaba la versión del Senado, que incluía también a las empresas del Estado. Esta modificación hubiese permitido, por ejemplo, acceder a los contratos entre YPF y Chevron.
“Es un déficit muy grande no incluir a las empresas públicas, y quisimos dejar testimonio de eso. Pero estamos contentos de que haya una ley; antes no había nada”, añadió la legisladora.
En cualquier caso, lamentó que el alcance de la norma se limite a “el Estado tradicional”, ya que “ahora viene una ley de iniciativa pública-privada que deja esas operaciones afuera del acceso a la información pública”. E hizo notar también la rapidez con que acordaron en este punto el oficialismo y el bloque kirchnerista: “Esta vez no hubo brecha”, ironizó.
Hoy la Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo en materia de apertura de datos públicos. El acceso a la información es un derecho, pero nuestro objetivo es ser uno de los 10 países más transparentes del mundo”.
Andrés Ibarra, ministro de Modernización del Estado