Inseguridad: "La puja política entre Nación y Provincia es evidente"

José Curiotto

[email protected]

La provincia de Santa Fe duplica los índices nacionales de homicidios. Y en este contexto, el problema se agrava en ciudades como Rosario o la capital provincial. La discusión para la llegada de gendarmes desnudó fuertes diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe sobre la manera en que se deben instrumentar los operativos territoriales.

Desde hace años, Máximo Sozzo y un equipo de especialistas vienen realizando un seguimiento sobre el fenómeno de la inseguridad y el desempeño policial.

—¿La policía provincial es parte de la solución o parte del problema de los elevados niveles de violencia?

—No hay dudas de que forma parte del problema. Eso es evidente. Y además ha sido el diagnóstico que los últimos gobiernos provinciales vienen realizando.

—Entonces, ¿la salida es poner a la Policía de Santa Fe bajo el control de la Nación?

—Definitivamente, ésa no es la solución. Debemos realizar un debate urgente sobre cómo mejorar nuestra policía.

—No hay tiempo.

—Ninguno de los dos actores -Provincia o Nación- debería conducir las intervenciones, sino que debería haber coordinación. Con ese fin, debemos apartar la planificación policial del juego de la competencia político-partidaria, y crear mecanismos institucionales para hacerlo. Hay experiencias internacionales que demuestran que es posible.

En el debate sobre la inseguridad incide la cuestión político-partidaria. La puja político-electoral entre Nación y Provincia es evidente. Mientras esto pase, sería realmente ingenuo creer que la violencia se termina instalando a Gendarmería o a Prefectura en los barrios.

—Pero si en la ciudad superamos los 90 homicidios en lo que va del año, ¿por qué no permitir que las fuerzas federales conduzcan los operativos?

—Las fuerzas federales en sus propios territorios también muestran una ineficacia extraordinaria en materia de investigación. La Policía Federal en el sur de la ciudad de Buenos Aires no es demasiado diferente a la Policía de Santa Fe en ese sentido.

Con respecto a la Gendarmería y la Prefectura, existe en la clase política una fuerte sensación de que están menos contaminadas por la corrupción. Pero a ciencia cierta, no sabemos demasiado sobre la actividad de gendarmes y prefectos en estos territorios urbanos.

—Hace 20 años que venimos debatiendo sobre cómo mejorar la policía.

—No coincido. Creo que hace 20 años que venimos utilizando el problema de la policía en el marco del juego de la política partidaria. Quienes deben gobernar y quienes deben oponerse vienen jugando un juego en torno del problema de la inseguridad en general y de la policía en particular, en el marco del combate político. El problema de la inseguridad es una herramienta más para construcción de ventajas políticas en la búsqueda de objetivos electorales.

—¿Por qué nos matamos en Santa Fe?

—La pregunta debería ser por qué se matan. Por lo general, no cualquier persona se muere por un episodio violento en la ciudad de Santa Fe. Las víctimas suelen pertenecer a los sectores desfavorecidos económica y socialmente.

Hay una identidad entre los sectores que se enfrentan. Hay una concentración en las áreas donde se registran las experiencias violentas más dramáticas. Se trata de un fenómeno que concierne a una cadena de acción y reacción en el ejercicio de la violencia que atraviesa generaciones y no sólo se vincula con los mercados ilegales, sino con un entramado de relaciones sociales que se construyen sobre estos códigos.

Desde la crisis de los ochenta, la desocupación de los noventa y el drama del 2001, se incrementaron los niveles de pobreza y desocupación. Pero también se debilitó la experiencia de amplios sectores con el mundo del trabajo. No en una, sino en varias generaciones. Pese a la recuperación económica que se dio luego, los grandes bolsones de marginalidad urbana siguen estando allí.

En ese mismo proceso histórico, en Santa Fe se dio una fuerte difusión de armas de fuego ilegales relacionadas con los delitos contra la propiedad, sin que desde el Estado se tomaran las medidas necesarias para interrumpir ese problema. Las armas pasaron a tener una lógica instrumental. Se convirtieron en la herramienta para obtener lo material.

Con el tiempo, terminaron integrándose a la identidad de muchos niños y jóvenes dentro de esos territorios de la marginalidad urbana. El arma como una herramienta, pero también como un elemento que está marcado por una serie de símbolos. Soy, existo y construyo relaciones con los otros, en cuanto tengo armas y soy capaz de usarlas.

—No parece suficiente esta explicación para entender por qué en Santa Fe el problema es más grave que en otras grandes ciudades argentinas.

—Es cierto. En Santa Fe, si sumamos todos estos argumentos explicativos del fenómeno, nos sigue quedando un margen que nos aparece como inexplicable para la gravedad del problema. Y que es el que debería convocarnos a los que trabajamos desde la investigación científica y a los que diseñan políticas -y ponen en práctica públicas de seguridad-, para encontrar una explicación más satisfactorias.

—¿Mayor presencia policial ayuda a frenar tanta violencia?

—Depende para qué queremos que ayude. Si es para bajar los índices de homicidios en los barrios más violentos, una mayor presencia policial no ayuda demasiado. Lo que sí ayudaría, sería una mejor labor en materia de investigación, más inteligente, que brinde información válida y confiable.

Implicaría entender fenómenos como las bandas, los grupos de pares que se construyen en torno a determinadas actividades delictivas y con el uso de armas. No todos los episodios se gestan al interior de esas bandas o entre bandas distintas. Pero esto representa una proporción importante.

—La policía dice que detiene a los violentos, pero que quedan en libertad por problemas de los jueces o de las leyes.

—Eso es falso.

—Los jueces dicen que el problema es que la policía no está en condiciones de colectar pruebas.

—Esto es mucho más cercano a la verdad. Tenemos enormes déficit sobre la producción de pruebas sobre los episodios delictivos violentos. Deberían ser el centro de la agenda. Hay que instalar fuertemente la necesidad de generar una policía de investigaciones que haga bien su trabajo.

Hay un organismo de investigaciones creado por ley que debe depender del Ministerio Público de la Acusación. Lo aprobaron, lo vetaron, lo volvieron a aprobar y aún no fue puesto en marcha. Es una decisión importante que podría generar algún resultado.

Pero no es el único tipo de intervención estatal que hay que gestar. Por el contrario. Estos mecanismos funcionan después de que los delitos se cometieron y para atrapar a los responsables.

El gran debate que debemos dar es qué tipo de políticas públicas está construyendo el Estado desde los niveles locales, provinciales y nacional, en los contextos de la marginalidad urbana. Qué tipo de respuestas se están ofreciendo ante enormes desigualdades sociales que también generan fuertemente la violencia.