Lo anunció el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general Gustavo González López, quien involucró en la supuesta conspiración a los dirigentes Carlos Melo y Delson Guárate, detenidos la semana pasada, y al ex alcalde Daniel Ceballos, preso desde hace más de dos años.
El funcionario dijo que los cuatro detenidos, a los que identificó como Giovanny Vásquez, Jerónimo González, Manuel González y Yoel Méndez, fueron “contratados para realizar una masacre” durante la multitudinaria protesta opositora del jueves pasado.
Agregó que los supuestos planes frustrados “han dado lugar a la planificación de posibles situaciones terroristas que podrían crear el ambiente del tan esperado y acariciado golpe de Estado por parte de sectores opositores en el territorio nacional”. Según el militar, la inteligencia gubernamental descubrió que esos atentados “tienen ya la planificación para ser ejecutados el 7 de septiembre”, día en que la oposición volverá a salir a las calles para reclamar la realización de un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
El ministro reportó que efectivos policiales y militares estaban registrando áreas de la frontera con Colombia y que en una estancia se habían incautado de armas, uniformes militares y documentos relacionados con la supuesta conspiración.
“Las intenciones de golpe se mantienen y factores golpistas van a ir adecuando su agenda violenta en los próximos días y semanas; de allí la necesidad de la intensificación de las medidas preventivas para neutralizar o frustrar la actividad delictiva”, subrayó.
González López sostuvo que Melo, Guárate y Ceballos “se convierten en los principales promotores del plan conspirativo del 1 de septiembre”. Melo, dirigente del partido Avanzada Progresista, y Guárate, del partido Voluntad Popular (VP) y alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua, fueron detenidos por el Sebin el martes y el viernes pasados, respectivamente.
Ceballos, también de VP, era alcalde de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, cuando fue encarcelado el 18 de marzo de 2014. Posteriormente fue destituido. El 12 de agosto de 2015 se le concedió prisión domiciliaria por razones de salud, pero el 27 de agosto pasado el gobierno volvió a enviarlo a una cárcel y lo acusó de preparar una fuga.