De la redacción de El Litoral
Un puntero de Quilmes es el dueño de la pistola con la que asesinaron a colombianos en Unicenter hace 7 años. Ya había sido detenido en enero, sospechado de facilitar la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
De la redacción de El Litoral
El 28 de julio de 2008, la Argentina se enteró del desembarco de narcos colombianos. Fue cuando Héctor Duque Ceballos, de 35 años, y Jorge Quintero Gartner fallecieron por balazos de sicarios en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter.
Ayer, se supo que la pistola calibre 40 con la que se habrían cometido los asesinatos pertenece a Marcelo Mallo, ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, barrabrava del club Quilmes y puntero político en territorio de Aníbal Fernández.
A fines de 2015, se fugaron los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del penal de General Alvear. La Justicia hizo allanamientos en ese marco, entre ellos a la casa de Mallo (amigo de los prófugos luego recapturados), al que le secuestró la pistola calibre 40 y un revólver 357. El barrabrava fue detenido el 3 de enero; dos días después -cuando fue liberado por falta de pruebas- dijo: “Tengo la picana por seguridad, como cualquier ciudadano”. Las armas quedaron en custodia policial.
Los sicarios de Unicenter habrían sido también barrabravas (de Boca) conocidos de Martín Magallanes, dueño de una droguería y ex socio de Sebastián Forza, un aportante de la campaña presidencial de Cristina Fernández (2007), cuyo cadáver fue arrojado a la cuneta junto a los de Leopoldo Bina y Damián Ferrón, en General Rodríguez. Son las víctimas de los Lanatta y Schillaci, quienes acusan a “La Morsa” como jefe mafioso.
Las conexiones entre todos estos casos -cuenta hoy Rolando Barbano en Clarín- fueron detectadas por un fiscal de San Isidro, Luis Angelini. La jueza Sandra Arroyo Salgado hizo peritar las armas y “saltó” el vínculo con los asesinatos en Unicenter. En el caso, está acusado de “encubrimiento” el suspendido jefe de los fiscales de San Isidro, Julio Novo.
Los subordinados de Novo habían acusado a su jefe entre 2009 y 2013 por “cajonear” las investigaciones y maltratarlos. Y la procuradora de la Corte bonaerense, María del Carmen Falbo (una abogada quilmeña) cajoneó durante 5 años las denuncias contra Novo.
La investigación judicial de San Isidro sobre los crímenes de los colombianos está a su vez vinculada con la investigación por el tráfico de una tonelada de cocaína a España, causa por la cual están detenidos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá en la península ibérica.
No hay “persecución”
El ministro del Interior, aseguró que “es evidente que no existe” una persecución ideológica contra funcionarios del anterior gobierno, tal como denunció la ex presidente Cristina Fernández. “El kirchnerismo no tiene que victimizarse, tiene que dar explicaciones”, dijo Rogelio Frigerio.
“Hay que acostumbrarse a una Argentina republicana, donde el Poder Ejecutivo no tiene incidencia sobre el Poder Judicial”, advirtió el funcionario. Dijo que el gobierno celebra “que la Justicia investigue estos tremendos hechos de corrupción de los últimos 12 años” y que “por supuesto también los actuales funcionarios” están a disposición de la Justicia. Ayer, Cristina Fernández denunció una “persecución ideológica” contra kirchneristas en el marco de una “democracia de nula intensidad”.
Con un post-titulado “Violencia de época” que difundió en su cuenta de Facebook, la ex mandataria se refirió al procesamiento de los tres últimos jefes de Gabinete en la causa Fútbol para Todos. En el escrito comentó un episodio que ocurrió “en la madrugada del día sábado 18 de junio” en el cual “rompieron y abrieron, a patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de Mayo 446 en Río Gallegos. No es cualquier lugar. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido”. “Cuando vi la foto, me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja claramente un clima de época”, señaló.
Ruta del dinero
El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal de Cristina Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, así como de sus hijos Máximo y Florencia, para evaluar la evolución patrimonial de la familia en el marco de la causa Hotesur. Además, ayer la Unidad de Información Financiera entregó al juez Sebastián Casanello y al fiscal Marijuán detalles de la “ruta del dinero K” que comprometen aún más a Lázaro Báez y que implican a familiares y empresarios.
Cristóbal y Echegaray
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y al ex jefe de la Afip Ricardo Echegaray. López cobró unos $ 8 mil millones del impuesto sobre combustibles líquidos y los usó para capitalizar empresas del grupo Indalo. “Todavía hay bastante camino en la investigación que recorrer pero, de acuerdo con la tesis del fiscal (Gerardo Pollicita), sería una defraudación pública por administración fraudulenta debido a la retención indebida de impuestos”, dijo el juez.